Prostitución y derechos humanos

Pepe Reig

Si un día cualquiera, caminando por las calles de Valencia, se le ocurre aceptar los servicios de una prostituta, sepa que incurre en una infracción muy grave por la que le pueden caer hasta 2000€ de multa. La oferente podrá ser conminada a abandonar su actividad y, caso de reincidir, conducida a comisaría por desobediencia y denunciada.

Esto es lo que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Valencia con los votos de PP y PSOE y la oposición de IU, Compromís, la Federación de Asociaciones de Vecinos, las organizaciones feministas, el Colectivo Lambda, etc.

La Ordenanza Municipal sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública, aún pendiente de alegaciones, no se acoge en su exposición de motivos ni a uno sólo de los textos legales, convenios y protocolos internacionales dedicados a combatir la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, que vienen orientando la actividad normativa en este campo. Ni el Convenio sobre prostitución de la ONU de 1949, que negaba a esta actividad el carácter laboral; ni el Protocolo de Palermo (2000) para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; ni el Convenio Europeo de 2005, ni el Informe de la Comisión Mixta Congreso-Senado que en 2007 concluyó, en línea con el modelo sueco, que la prostitución era una forma de explotación sexual; ni siquiera el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación Sexual, aprobado en Consejo de Ministros en 2008, que se inclina por una respuesta abolicionista.

Una Ordenanza de policía

El texto de la Ordenanza de Valencia viene con membrete del departamento de la policía local. Y eso es exactamente lo que es, una Ordenanza de policía, que no se plantea de ningún modo abordar la prostitución como un asunto de derechos humanos, ni como una cuestión de igualdad de género, ni siquiera como un problema de exclusión social o de salud pública. Un asunto de policía, es decir, de seguridad y una cuestión de “uso del espacio público”, es decir, de imagen urbana. En esto sigue la senda de una iniciativa similar registrada en Barcelona durante el gobierno tripartito y, como aquella, parece abocada al fracaso.

El fundamento declarado no es otro que “preservar a los menores de la exhibición de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales” y “establecer una regulación sobre la ocupación del espacio público” (Art. 1). Cuando la preocupación principal es de imagen, lo que se obtiene es “invisibilidad”, es decir, ocultación hipócrita del problema, lo que hace más difícil su tratamiento. La Plataforma de Organizaciones Feministas, por ejemplo, apunta a un previsible efecto perverso de la Ordenanza: al dificultar la negociación del servicio en plena calle, se está empujando a las mujeres a los locales donde los peligros de violencia, exclusión y explotación permanecerían ocultos y a merced de los dueños de locales de alterne y proxenetas. Eso o, lo que sería peor, se empuja a las mujeres a las carreteras y los polígonos para que no estén a la vista. La conducta que la norma prohíbe es “ofrecer, solicitar, negociar y/o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público” (Art.2.1). La operativa allí descrita sugiere que los agentes “requerirán a los presuntos infractores para que cesen en su conducta” y, de persistir ésta, procederán a denunciar y levantar acta de la “desobediencia a Agentes de la Autoridad” (Art. 5.1).  Aunque el artículo 3.2 excluye de las infracciones a “las personas que ejercen la prostitución”, es evidente que tras el segundo aviso, podrán ser acusadas de desobediencia y denunciadas sin mayor protección.

Del lado de las políticas sociales a lo más que llega la Ordenanza es a declarar que los servicios sociales “informarán y ayudarán a toda persona que ejerza el trabajo sexual en el término municipal y quiera abandonar su ejercicio” (Art. 5.3). Eso es todo. Ni acompañamiento a los servicios sociales, ni detección de situaciones de daño o peligro, ni protección a los derechos de las personas en “situación de prostitución”. Nada.

Algo a todas luces muy distante de lo que se intentó en Sevilla, bajo un gobierno socialista en enero de 2011. Distinto y distante, aunque los defensores de la de Valencia digan haberse inspirado en aquella. En primer lugar porque allí no se trató de un asunto de policía, sino de un Plan Integral que contempla dispositivos de asistencia y acompañamiento para reponer los derechos de la víctima y ayudas a entidades y ONGs que “desarrollen programas de apoyo y atención a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual”. Un planteamiento ambicioso que se reivindica continuador de las políticas de igualdad y derechos y se acoge a todos aquellos instrumentos jurídicos y científico sociales que la Ordenanza de Valencia ignora tan olímpicamente.

Naturalmente, aquí no se trata sólo de la clamorosa falta de sofisticación de la alcaldesa de Valencia o la vocación “centrófila” del líder de la oposición, sino de algo más serio, la mentalidad conservadora que reduce los problemas sociales a problemas de orden público. De orden y, eventualmente, de moral. Es decir, justo el tipo de enfoque menos adecuado para una realidad tan compleja y sutil.

El problema de la prostitución no soporta tratamientos oportunistas o demagógicos centrados en el discurso de la seguridad, por más legítima que sea la preocupación por el ambiente y el paisaje humano de nuestras ciudades.

El debate que no se puede obviar

El enfoque más integral y que han adoptado los organismos internacionales es el de los Derechos Humanos. Las personas que se prostituyen son a menudo, o han sido, víctimas de trata, por lo que debe considerarse dentro de una problemática más amplia. Tanto la Declaración de Beijing de 1995, como el Convenio de Europa de 2005 llaman a centrar la atención y los esfuerzos en la protección de las personas traficadas. Este enfoque ha logrado insertarse en las normativas más avanzadas introduciendo la atención a la vulnerabilidad de las víctimas de la trata, de toda clase de trata, ya sea para explotación sexual o laboral. La vulnerabilidad se relaciona con el trasfondo de desigualdad, que es preciso tener presente tanto en la prevención como en la reintegración del derecho de esas personas. Este planteamiento enfatiza el hecho de que el eventual consentimiento de la víctima “no invalida la violación de sus Derechos”.

Junto a éste enfoque es preciso incorporar la perspectiva de género, ya que la trata con fines de explotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres, hasta el punto de considerarse una forma de violencia de género. Lo mismo puede decirse de la que se produce con fines laborales, que aparece “fuertemente marcada por la división sexual del trabajo”, como señala García Cuesta en un estudio financiado por el Instituto de la Mujer. Bajo esta perspectiva la persona que se prostituye es víctima de una relación de poder desigual.

La perspectiva de género ha sido en ocasiones puesta al servicio de una respuesta reguladora, es decir, de una consideración de la prostitución como actividad laboral legítima de la que habría que erradicar, mediante leyes, la violencia y la coacción. Para este enfoque particular, es preciso distinguir claramente la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de la prostitución en sí, ya que ésta puede ejercerse también voluntariamente. Legalización y regulación es la apuesta de los colectivos Hetaira o Genera, cuya labor de apoyo y asistencia a las personas que ejercen prostitución les lleva a reivindicar su libre ejercicio. Y, si bien no puede negarse que existe, al menos en Europa, una prostitución autónoma de mujeres en ejercicio de su libertad sexual, multitud de estudios independientes muestran que el consentimiento voluntario apenas llega a un 5% de los casos, por lo que puede considerarse como un mercado “casi completamente coactivo” (Médicos del Mundo). De todas formas, si hemos de creer al Centro holandés de Investigación y Documentación encargado de hacer el balance tras la legalización de la prostitución en el 2000, En ese país ni ha mejorado la situación “laboral y sanitaria” de las prostitutas, ni ha “aflorado” la mayor parte del negocio oculto. Al contrario, la parte legalizada ha servido para “encubrir la gran masa de mujeres traficadas”. Balance similar presenta la legalización en Alemania.

Tres respuestas

Pero la perspectiva de género ha militado principalmente en una posición muy diferente de ésta: la apuesta abolicionista. Desde el feminismo se ha cargado contra la regularización, señalando que la reducción de la persona, especialmente las mujeres, a mero objeto de consumo atenta contra su dignidad y sus Derechos Humanos, por lo que se considera la prostitución como una forma de violencia. El hombre que compra sexo, compra poder sobre una mujer desprotegida y esto es radicalmente antidemocrático.

Bajo esas premisas se llega en Suecia, tras casi veinte años de debate,  a una legislación abolicionista radical, en la que el culpable es el demandante del servicio sexual y la oferente es la víctima de su poder. Incluso en una sociedad tan igualitaria y sexualmente abierta como la sueca, se entiende que tal relación humilla y cosifica a la mujer. La ley sueca de 1999 castiga al usuario al considerar que el contrato no tiene lugar entre iguales. El resultado de tal política es sorprendente: redujo en un 70% la prostitución callejera y en 50% la de los clubs en el primer año.

El debate sigue abierto y nada anuncia que vaya a cerrarse pronto, porque la prostitución crece en nuestro entorno y se cruza con fenómenos de inmigración y exclusión social acentuados por la crisis. Quizá sea por esa creciente complejidad por lo que se antoja tan ridículo el intento de atajar el problema desde una Ordenanza de policía.

Para saber más:

* ONU (1949): Convenio para la represión de la trata de personas 
y de la explotación de la prostitución ajena.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/01136

* ONU (2000). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños. Palermo.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Protocolo_Palermo_-_ESP.pdf

* Consejo de Europa (2005). Convenio del Consejo de Europa sobre 
la lucha contra la trata de seres humanos. Varsovia.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Convenio_Consejo_de_Europa.pdf

* Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la Prostitución
(2007). Informe de la Ponencia sobre prostitución en nuestro país.
http://www.lourdesmunozsantamaria.cat/IMG/pdf/INFORME_PONENCIA_PROSTITUCION.pdf

* Red Española contra la Trata (2006)
http://www.redcontralatrata.org

*Alianza Global contra el Tráfico de mujeres (GAATW)
http://www.gaatw.org

 

 

 

7 pensamientos en “Prostitución y derechos humanos

  1. Impagable trabajo. Necesario cuando la derecha, por boca de su Ministerio del Interior lanza globos sonda para llevar al Código Penal la prostituión callejera y al mismo tiempo juega con su legalización (organizada y con formato de empresa). ¿Que haría el Sr. Dominguez si Rita hubiera pillado el “Eurovegas”?.

    Les paso esta noticia:

    Esperanza Aguirre y la prostitución
    15 de septiembre de 2012 11:13
    El Colectivo Hetaira, ante la noticia aparecida el 30 de agosto en el diario digital Público, en la que se plantea que Esperanza Aguirre sostiene las mismas posiciones que Hetaira en relación a la prostitución, quiere manifestar su total desacuerdo con esta afirmación. Afirmación que se hace desde el absoluto desconocimiento de las diferentes posiciones y alternativas legales que hoy existen para el trabajo sexual.

    Esperanza Aguirre se ha manifestado, en ocasiones, favorable a la regulación de la prostitución como forma de controlar esta actividad. Casualmente, estas declaraciones de la presidenta han tenido lugar cuando ha querido favorecer la implantación en la Comunidad de Madrid de Eurovegas, un montaje empresarial de dudosa legalidad donde sospechosamente “exigen” libertad de ejercicio de la prostitución en el interior de este entramado. Desde Hetaira hemos denunciado en otras ocasiones que es un negocio que favorece el crecimiento de las mafias que se aprovechan de las trabajadoras del sexo.

    Por el contrario, desde el Colectivo Hetaira, no defendemos la regulación de la prostitución sin más. La regulación que se ha dado en otros países pretende determinar dónde y cómo puede ejercerse la prostitución, exigiendo controles sanitarios obligatorios para las trabajadoras del sexo, estigmatizándolas más si cabe e imponiendo a esta actividad impuestos especiales que hace que, a la larga, el Estado se convierta en un nuevo proxeneta.

    Para nosotras lo fundamental es el reconocimiento de derechos para las trabajadoras, algo que Esperanza Aguirre jamás ha contemplado ni ha pronunciado una sola palabra al respecto. Nuestra principal preocupación es que las trabajadoras del sexo sean consideradas CIUDADANAS, se les reconozcan como tal sus plenos derechos, también los laborales, y dispongan de instrumentos legales, al igual que el resto de trabajadores/as de otros sectores, que les permitan defenderse de los abusos de todo tipo a los que, frecuentemente, son sometidas.

    Por todo ello es importante diferenciar entre las posiciones de unos y otras en este debate, ya que conllevan medidas legales completamente diferentes.

  2. Rechazo cualquier posición que suponga una privación de libertad de cada individuo y defiendo toda posición que suponga la defensa de esa libertad. Con ésto resumo todo el problema. Por cierto, cuando alguien habla de “libertades” está reconociendo una libertad parcial que ¿ Quien la determina ?

  3. Lamentable en los tiempos que vivimos, parece imposible ,mujeres sean capaces de decidir,dónde,cuando y como.Sres. no somos ni ángeles ni demonios,ni víctimas ni heroínas,sólo ciudadanas con derechos y obligaciones es nuestra forma de sobrevivir ,pensamos luego existimos,somos una realidad que sólo encontraremos soluciones cuando dejen de excluir a un colectivo que lleva en él mundo XXI siglo,por algo sera no ?-

  4. Artículo interesante y muy bien documentado. Lamentablemente con esta derecha cavernaria la vulneración de los derechos humanos avanza, esperemos que los partidos progresistas sean capaces de reaccionar, incluso de rectificar cuando sea necesario.

  5. El “debate” en torno a la prostitución es mucho más profundo de lo que parece y se quiere mostrar. Se nos vende que se trata de una cuestión de “libertad” en un marco contractual de compra venta de servicios, cuando no lo es. Ya en 1949 ONU en “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”, dejó en claro que en la prostitución lo que se daña es la “dignidad humana”, no la libertad. Lo que hay detrás de todo esto es un solapado atentado a los derechos humanos, a que la dignidad sea eliminada de estos, por lo que entonces dejaría abierto el camino a que las personas puedan ser también consideradas mercaderías (en última instancia la prostitución de esto se trata)susceptibles de un precio. Si esto sucede habremos entrado en otra etapa, siniestra, de la humanidad.
    Alberto B Ilieff

  6. @Alberto, creo que confundes escenarios. Una cosa son las redes de prostitución que captan y obligan a muchas mujeres de distintos países a ejercer la prostitución y otra cosa muy distinta es la libertad de elección que puede llegar a tener cualquier mujer, hombre o transexual a la hora determinar que ofrecer sus servicios sexuales a cambio de una cantidad monetaria puede ser una forma más que digna de ganarse la vida.

    Este tema es tan complicado como sencillo de solventar. Si bien enemos modelos en la Europa del siglo XXI en el que la prostitución si esta legislada y controlada, creo que aun estamos algo alejados en nuestro país para que cualquier gobierno, sea cual sea su color, tome una verdadera medida al respecto.

    Por desgracia o por fortuna para muchos otros, en España hay temas y cuestiones que aún se observan y atienden con los ojos de algunos que siguen viviendo en el siglo pasado o incluso, anteriores.

    • Andrea: como todo tema social es complejo, acuerdo contigo. Me parece que partimos de lugares diferentes, para mí la dignidad no está en lo que se hace sino es de la persona en cuanto tal. Cuando la persona es tomada como objeto se daña esta dignidad.
      Los modelos europeos que reglamentan la prostitución están en retroceso, es más, el simbólico Barrio Rojo de Amsterdam esta siendo desmantelado por el mismo gobierno. Los Países Bajos están replanteando su política reglamentarista porque, y esto no es un dato moral ni filosófico sino de gobernabilidad y de simple economía, han visto en la práctica que agrava la situación en lugar de mejorarla; aumenta la trata de personas, la prost infantil, el tráfico de drogas, la inseguridad pública y la situación de las mujeres no mejora. El resultado es que el gobierno debe invertir más dinero del que ingresa por impuestos. Además, ha aumentado enormemente el lavado de dinero por medio de los burdeles convertidos en negocios legales.
      No confundo los escenarios, depende del lugar desde donde observes la situación: es diferente la prostitución originada en la trata de personas que la voluntaria, pero también se puede decir que ambas se igualan en el daño a la dignidad y en el uso de la persona, o si miramos desde el “cliente” ambas son efecto de violencia.
      Un dato interesante, según las estadísticas en España solamente un 5% de las personas en prostitución lo hacen por “propia voluntad”.
      Un tema que da para mucho es ver qué consideramos “libre”, que una persona no este obligada a hacer algo porque se le apunta con un revólver no siempre significa que sea libre para no hacerlo.
      Es de esperar que en una sociedad igualitaria, donde la sexualidad sea realmente libre entre pares y basada en el mutuo placer la prostitución pueda ser superada.

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