Suicidio y delito

Juan Carlos Carbonell

Dos recientes Sentencias, de la Audiencia Provincial de Zaragoza y de un juzgado de Avilés, acaban de condenar a tres personas por el delito de cooperación al suicidio del artículo 143.2 del Código Penal a penas de dos años de prisión. En el segundo caso se trata de una sentencia de conformidad tras una acusación con petición de más de seis años sostenida por la Fiscalía que da por buena la admisión de la tentativa y la consideración como necesarios de actos de complicidad indirecta que parecen lejanos a tal carácter. Esto rompe una situación de inaplicación del precepto que había venido generando una cierta despreocupación por parte de la mayor parte de críticos con la relevancia penal de la cooperación al suicidio.

En el caso de Zaragoza, resulta sumamente dudoso que la intervención del hijo, muy dependiente de la voluntad de la madre, fuera realmente necesaria. Por otra parte, el Tribunal, contra la pretensión del Ministerio Fiscal, considera el parentesco como circunstancia atenuante precisamente por entender que la relación materno-filial convirtió el hecho en un acto presidido por el amor. En el supuesto de Avilés han sido condenados dos miembros de la Asociación del Derecho a Morir Dignamente por proporcionar una sustancia letal a un socio que la trasmitió a la suicida por precio, lo que, por cierto, comportó en su momento el rechazo de la citada Asociación que jamás ha cobrado precio alguno. El fallecimiento de esta persona es la única razón por la que no está en la causa. Por fin, un tercer miembro de la Asociación, médico especialista en cuidados paliativos, ha sido condenado por tentativa de cooperación al suicidio por recabar la sustancia que fue interceptada sin llegar a su poder.

grito Munch 1893

La conformidad ha comportado condenas por complicidad y tentativa, lo que constituye sendos dislates jurídicos. La primera es atípica, pues sólo se castiga la cooperación necesaria –aquélla sin la cual no hubiera podido producirse la muerte–, y la segunda, generalmente no admitida en este delito, requiere en cualquier caso del comienzo de los actos ejecutivos que en absoluto se ha producido. La amenaza por parte del ministerio fiscal con penas que implican años de cárcel ha sido el desencadenante de la aceptación de los hechos. Pero ésta no puede implicar el mantenimiento de decisiones jurídico-penales insostenibles.

Y con todo esto se pone de relieve, una vez más, la necesidad político-criminal de abordar una reforma en profundidad del derecho a decidir sobre la vida propia. El Código Penal sigue empeñado en considerar al ser humano que decide que no quiere seguir viviendo como un enfermo mental al que hay que evitar, a toda costa, que lleve a cabo una conducta tendente al suicidio. Eso se extiende a los supuestos en que se padece una enfermedad grave y mortal o graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar: también en esos casos, aunque se rebaje la pena, se castiga la cooperación necesaria. También en esos casos, pues, se desconoce el derecho a decidir sobre la vida propia, y la continuación de la vida no deseada se convierte en una obligación jurídicamente imponible: es verdad que no se castiga la tentativa, pero sí la intervención de terceros. O lo que es lo mismo, sólo puede practicarse la eutanasia por propia mano –lo que sucede en el caso de Zaragoza-, y sólo, claro, si se tiene la posibilidad material de suicidarse sin ayuda alguna.

perro semienterrado - goya, 1819-23

La confusión permanente, por otra parte, entre eutanasia y cuidados paliativos –evidente en el supuesto del médico condenado por tentativa al intentar adquirir una sustancia que en dosis adecuadas puede tener esos efectos– y la estricta limitación del texto del número 4 del artículo 143 conducen, con demasiada frecuencia, a que supuestos de ayuda a paliar el dolor o a poner fin al sufrimiento físico y, sobre todo, psicológico, corran el riesgo de comportar la aplicación de los preceptos de cooperación al suicidio distintos de la eutanasia, con penas que llegan a los diez años de prisión. Y, ¿en nombre de qué?

Ante la decisión libremente adoptada por un ser humano absolutamente sano desde el punto de vista psíquico, y sin presiones de ningún tipo, de poner fin a su vida, ¿es legítima la intervención del Estado castigando a todos aquéllos que intervengan en el hecho del suicidio? El Estado sólo puede, desde su condición de democrático, prohibir aquellas conductas que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad ajena. Función suya es, en cambio, tomar en consideración el libre desarrollo del sujeto pasivo. Sólo desde posiciones eticistas y moralistas, muy vinculadas a influencias religiosas, puede explicarse la punición de las conductas relacionadas con el suicidio. Si la función del Derecho penal es tutelar la vida constitucionalmente reconocida, y ésta es precisamente la libremente deseada por su titular, cuando este deseo no exista, sino que sea contrario, el Derecho penal no puede intervenir. Desde este punto de vista, se ha de afirmar que existe una contradicción entre las valoraciones constitucionales y las del artículo 143 del Código Penal.

van gogh - noche estrellada , 1889

Podrá contra-argumentarse que la intervención penal resulta necesaria para tutelar la vida de las personas que no se encuentran con capacidad real de decidir libremente; que puede haber suplantaciones de voluntad, que la cooperación al suicidio puede esconder acciones llevadas a cabo sobre personas débiles mental o hasta físicamente a las que se impone la voluntad de quien aparece como cooperador. Pero ésos no son casos a los que deba aplicarse la cooperación al suicidio, que requiere que estemos ante una decisión libre: son supuestos de homicidio o asesinato. Y nada tienen que ver con los casos que han dado lugar a las recientes condenas.

Lo que ahora se pone de relieve es la imperiosa y urgente necesidad de abrir un debate político sobre el reconocimiento de la capacidad de los ciudadanos a decidir sobre nosotros mismos. El miedo al tabú, detrás del que se viene escondiendo la clase política –que va muy por detrás del debate social– para no afrontar una cuestión que afecta a nuestra propia identidad, no puede justificar ni excusar no afrontar la paradoja de que el Estado democrático tiene como fundamento precisamente la afirmación de la libertad y ésta la capacidad de la persona para decidir sobre las cuestiones que le implican. Y nada implica más a una persona que decidir sobre su vida.

La afirmación de que la vida es un derecho dependiente de la voluntad de su titular no significa que no exista una valoración positiva de aquélla con independencia de ésta. El ordenamiento constitucional no es neutral: la vida es un valor, la muerte no. Por ello, no sólo es lógico, sino absolutamente consustancial a los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico que el Derecho no sea neutral ante la vida o la muerte, y que prevea medidas tendentes a que el ciudadano que se encuentre en cualquier trance desee la continuidad de su vida. Y sólo cuando pueda asegurarse su voluntad contraria, levante la tutela que le dispensa. Pero, desde luego, eso no autoriza al Estado democrático a imponer la obligación de vivir y de sufrir dolor. No le autoriza a impedir que quien quiere evitarse esa situación pueda hacerlo con la dignidad que comporta recibir la ayuda necesaria; que pueda hacerlo, en suma, con la dignidad que comporta la categoría de persona. No puede hacerlo, al menos, sin negar su propia esencia, porque son esa categoría y esa dignidad las que fundamentan el Estado democrático. Sin ellas, éste no tiene sentido.

el caballero, la muerte y el diablo - durero 1513

Ilustraciones: 1. El grito. Munch, 1893 (detalle). 2. Perro semienterrado. Goya, 1819-23 (detalle). 3. La noche estrellada. Van Gogh, 1889 (detalle). 4. El caballero, la muerte y el diablo. Durero, 1513 (detalle).

 

La política española de derechos humanos es un borrador

Diego Blázquez

El pasado día 13 de mayo se publicaron las Observaciones finales sobre España del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés). Nuestro país presentaba puntualmente sus informes número 21, 22 y 23 a este órgano de los tratados de Derechos humanos. A pesar de que algunas de las cuestiones que aborda el CERD son de gran importancia y afectan a algunos de los temas cruciales en la agenda política actual en pleno periodo electoral (asilo y refugio, migración, ley de seguridad ciudadana, educación o salud…) no ha sido este un tema que hayan tratado especialmente los medios de comunicación ni tampoco al que el gobierno en funciones haya querido dar especial relevancia.

Es cierto que este tipo de informes de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas no tiene fuerza vinculante, sin embargo las observaciones finales de cada Comité son la base de la reacción global del sistema respecto de cada Estado, y se hacen sobre la base de la autorictas de los expertos independientes que la forman y que son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos. Su valor reside en que intentan recoger de manera objetiva las fortalezas y debilidades de cada país en cada una de las materias de derechos humanos objeto del Comité respectivo, identificando los principales y más sensibles problemas de cada país, incluyendo sus avances y retrocesos producidos.

1. cúpula barceló - NU Ginebra

En esta ocasión, el “examen” de España ante el CERD es muy revelador sobre la situación de la política de derechos humanos en los últimos años, y nos permite extraer algunas simples, pero demoledoras conclusiones.

En primer lugar, hay que destacar cómo el Comité contra la Discriminación Racial recoge algunas ideas básicas y más o menos unánimes entre todos los Comités de Derechos Humanos. En este sentido, en el reciente informe del CERD destaca la alerta del Comité uniéndose al clamor de los otros órganos de tratados, incluyendo el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, criticando el uso excesivo de la fuerza en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como la difícil coherencia de las previsiones de la Ley de Seguridad Ciudadana respecto de los “rechazos en frontera”.

2. Melilla. Foto Frontera Sur

Junto a ello, la segunda de las conclusiones que podemos extraer de la reacción del CERD es que, desgraciadamente, la política española de derechos humanos en general, y en particular sobre la erradicación de la discriminación racial, es un borrador, un proyecto basado en anteriores iniciativas, en glorias pasadas o, como nos decían en época de exámenes: en “vivir de las rentas”. Resulta revelador que el Comité salude positivamente proyectos de ley como el de Igualdad de trato y no discriminación presentado en 2011, la nonata iniciativa del II Plan Nacional de Derechos Humanos, el borrador del Plan sobre Derechos Humanos y Empresas… sin que ninguna de estas herramientas legales o de políticas públicas se hayan aprobado a lo largo de la anterior legislatura.

Igualmente se destaca cómo no se han elaborado planes nacionales de desarrollo o de acción sobre la Declaración de Durban y su Programa de acción, como recomienda el Comité desde 2009. Ni tampoco hay planes o iniciativas nacionales sobre el Decenio Internacional sobre los Afrodescendientes, en ejecución de una Resolución de la Asamblea General.

Lo dramático es que pese a esta inacción los problemas de derechos humanos crecen, y pese a alguna creencia taumatúrgica, la (supuesta) mejora de la economía no los resuelve, sino que, por el contrario, tiende a agravarlos. Un ejemplo de estos problemas preexistentes que permanecen y que se agravan es el fenómeno de “las escuelas gueto” (para las que utiliza esa denominación), que preocupa al Comité y respecto del cual recomienda que se tomen medidas efectivas de política educativa para garantizar una distribución equitativa de estudiantes.

3. escuela guetto - peli

En la misma línea, el Comité no sólo subraya la falta de acción en la adopción formal de estas propuestas o la pasividad respecto del abordaje de problemas concretos (como el de las escuelas gueto), sino que además considera que algunos recursos institucionales existentes adolecen de carencias como falta de independencia o de recursos, como es el caso del Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica, incluso frente a requisitos comunitarios (estos si obligatorios para España). Igualmente, el Comité destaca la puesta en marcha de la recogida de datos sobre delitos de odio, pero subraya la ausencia de seguimiento de esos casos, invitando a ofrecer datos sobre los casos judicializados, las penas impuestas y la reparación otorgada. Así, de la misma manera, se saluda la inclusión legal de los principios que deben inspirar los controles de identificación de seguridad para no resultar discriminatorios, pero, a párrafo seguido, se destaca la ausencia de información sobre potenciales medidas de investigación y sanción ante el incumplimiento de esos criterios. Una cuestión que el Comité considera especialmente urgente y por la que se pide información a complementaria a España en un plazo de 12 meses.

5. campaña pancarta última)

Junto a la inacción, una tercera conclusión es la existencia de nuevos supuestos de falta de respeto a la Convención. El Comité también incluye como una cuestión sobre la que requiere información rápida la cuestión de la restricción del acceso a la asistencia sanitaria universal de los migrantes en situación irregular. El Comité considera que esta es “una medida regresiva” (que en términos ginebrinos es algo muy serio) y que tiene un impacto negativo sobre el derecho a la salud sin discriminación, lo que sería una posible vulneración del tratado.

El Comité destaca otras cuatro cuestiones como “de particular importancia” (que en la terminología de la diplomacia ginebrina ya es mucho). Estas cuestiones se refieren al “uso recurrente de la privación de libertad de migrantes en situación irregular” (los CIEs), la mejora de las condiciones de vida de la población gitana, la lucha contra los estereotipos raciales especialmente en las redes sociales y medios de comunicación; y, en cuarto lugar, sobre la ausencia de medidas acerca de la discriminación racial sobre los afrodescendientes y muy particularmente incluir en el sistema educación mayor información sobre los periodos de esclavitud y la colonización.

5. CIE-Aluche-1-foto-Monica-Lopez

Como se puede apreciar, y sin entrar en los detalles de las apreciaciones y recomendaciones del Comité, solo en estos cuatro puntos se tratan aspectos de gran importancia social e institucional que deberían de ser objeto de un serio debate político tanto dentro del ejecutivo como en sede parlamentaria. Ese es el objetivo esencial de los informes periódicos: abrir un debate con el Estado que le permite mejorar y ampliar su compromiso con sus obligaciones internacionales.

Sin embargo, periódicamente la reacción frente a estos valiosos informes que apuntan a algunos de los problemas esenciales de nuestro país, son ninguneados en un frio vacío institucional; o, en el mejor de los casos, son objeto de enroques en políticas inmovilistas recubiertas de huecas palabras o vacías estrategias o acciones.

Esperemos que la nueva legislatura que se avecina de lugar a una nueva cultura política que se tome más seriamente el dialogo con los órganos de derechos humanos y no solo como un engorroso trámite periódico del que hay que salir lo mejor parado posible y con el menor eco posible en los medios. Una buena manera seria crear una subcomisión de derechos humanos en el Congreso donde se debatieran los informes y las conclusiones, adoptando planes de acciones concretos para la puesta en práctica de las recomendaciones emitidas.

Por cierto, en este sentido, no puedo dejar de señalar que la última recomendación del Comité al Gobierno es dar difusión al informe y las observaciones finales.

foto final - gobierno den funciones

Fotos: 1. Sala de los Derechos Humanos de la Onu en Ginebra. Reuters. 2. Valla de Melilla. Frontera Sur. 3. Imagen de ‘La clase’, de Laurent Cante (2008). 4. Manifestación  en Madrid por la sanidad universal. F.Flores. 5. CIE de Madrid. Mónica López.

Constitución y esteladas, la paradoja

Fernando Flores

Creo que vincular la afirmación, o la humillación, de una idea política al resultado de una competición deportiva es absurdo. Un absurdo normalizado, que sucede a cada rato, sobre todo cuando se trata de reforzar las identidades nacionales, sean éstas las que sean. Ahora bien, perseguir esa opción prohibiendo la exhibición de banderas en un campo de fútbol, sean éstas esteladas, republicanas o rastafaris, es absurdo, inconstitucional y, si me apuran, contraproducente.

Es absurdo porque el argumento para explicar la prohibición –evitar comportamientos violentos– carece de peso ante quienes no necesitan motivos para agredir. Quienes buscan bronca no necesitan que el contrario exhiba una bandera, con que se exhiba a sí mismo es suficiente. Si además porta una bandera independentista, la violencia les parecerá más jugosa, pero no más justificada.

Captura de pantalla 2016-05-19 a la(s) 09.22.34

Es inconstitucional porque atenta contra las libertades públicas de las personas. Primero contra las libertades ideológica y de expresión. La gente tiene derecho a pensar lo que quiera, y desde luego a expresarlo públicamente. El límite de esa expresión debe estar claramente establecido por la ley, no en una interpretación sesgada y abierta de la norma por parte de la autoridad gubernativa. El racismo, la discriminación a la identidad sexual, o la incitación a la violencia y al odio justifican aquella limitación. De ninguna manera la hipotética reacción de quien se siente ofendido con la finalidad de reprimir la libertad de los demás.

La prohibición atenta, además, contra la libertad personal que nos protege contra cacheos y registros arbitrarios. Desde esta perspectiva la persecución de las banderas esteladas es, más allá de ridícula, desproporcionada e ineficaz. Que se asemeje a los controles para prevenir actos terroristas en realidad nos muestra que su verdadero objetivo es provocar temor y autocensura en aquellos aficionados que les gustaría llevarla.

En fin, puede ser contraproducente porque aunque las banderas se prohíban en el interior del estadio su exhibición en el exterior será libre, así que los hipotéticos problemas de orden público que la prohición trataría de evitar se pueden producir igualmente.

Así que la decisión de la Federación Española de Fútbol y la Delegada del Gobierno de Madrid de prohibir la exhibición de banderas independentistas –no oficiales pero no ilegales– no cumple ninguno de los requisitos exigidos para limitar los derechos de los ciudadanos: ni acata estrictamente el principio de legalidad, ni es eficaz, ni es necesaria e inevitable (puede obtenerse su objetivo de otras maneras), ni es proporcionada al daño que produce. Todo un logro.

En fin, resulta paradójico que sea precisamente la utilización de banderas esteladas la que justifique un ataque tan directo a los derechos y libertades que la Constitución española reconoce.

adolescentes jugando al futbol tarfaya

Fotos: 1. Esteladas. 2. Muchachos jugando al fútbol en Tarfaya (F.Flores).

Canadá, un refugio

Ángeles Solanes

Mientras Europa da la espalda a los refugiados, obviando sus valores fundacionales e incumpliendo tratados internacionales ratificados por sus Estados miembros, como brillantemente han explicando expertos en la materia como Javier de Lucas, Sami Naïr o Steve Peers, Canadá ha puesto en marcha su programa #WelcomeRefugees #Bienvenueauxréfugiés. En el mismo se afirma que ante la acogida de los refugiados “hay muchas razones para estar orgullosos. Refleja nuestro compromiso y demuestra al mundo que compartimos la responsabilidad de ayudar a los desplazados y los perseguidos”. Esta política no es nueva en Canadá, aunque haya atravesado altibajos. Los gobiernos liberales y conservadores de la década de los setenta y los ochenta, por ejemplo, recibieron unos 60.000 refugiados indochinos que huían de los regímenes comunistas.

Como pone de relieve el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la responsabilidad que ha asumido Canadá desde 2013 hasta 2017 en relación a la admisión de personas sirias llega a las 48.089. El Gobierno canadiense muestra en su página web que desde el 4 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2016, el país norteamericano ha admitido un total de 26.859 refugiados sirios. Entre ellos, 15.244 a cargo del gobierno, 2.307 dentro del programa mixto de refugiados designados por la oficina de visados, y 9.308 patrocinados por el sector privado. ¿Cuál es la propuesta canadiense que permite alcanzar estas cuotas y que ningún Estado europeo, salvo alguna histórica excepción, es capaz de emular?

1

El actual Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ya puso de manifiesto en la campaña electoral su voluntad de articular un programa para la acogida de refugiados sirios, lo cual en aquel momento no era unánimemente aceptado. Un 54% de los canadienses sondeados a finales de diciembre de 2015 apoyaban la acogida de 25.000 refugiados. Tras el triunfo electoral, a diferencia de lo que ocurre en algunos Estados Europeos, el líder el Partido Liberal no esperó para cumplir su promesa. El plan Trudeau para los refugiados sirios se concreta en cinco fases. La primera consiste en identificar a los refugiados sirios que llegarán a Canadá. Para ello el Estado canadiense colabora con ACNUR en la identificación de personas en Jordania y el Líbano, donde existen registros, y progresivamente también en Turquía. Para el estudio de las diferentes demandas, los refugiados interesados obtienen una cita en una de las dos oficinas establecidas en Amman y Beirut. Comienza así una segunda fase que comprende una entrevista individual, un examen médico completo y la comprobación de determinados datos biográficos y biométricos que son verificados en las bases de datos de inmigración para la protección de la seguridad. Aquellos que superan estas dos primera fases son trasladados, en aviones privados con el apoyo de aviones militares si es necesario, a Montréal y Toronto. Antes de la partida, la Agencia Canadiense de Fronteras (ASF) verifica los datos de cada refugiado. Esta misma Agencia, en la cuarta fase, es la encargada de acogerlos a su llegada a Canadá para tramitar la entrada. Tras este último control en el que de nuevo se verifica la identidad y el estado de salud, comienza la quinta y última fase de instalación e integración en la comunidad que permite que el refugiado tenga la residencia permanente.

La propia forma gráfica que sintetiza este proceso en la página web del gobierno canadiense es significativa de la visión positiva que se pretende ofrecer del mismo:

1gráfica

Uno de los aspectos más llamativos de este programa es que invita a participar en él a la ciudadanía canadiense a través de la posibilidad de patrocinio privado o apadrinamiento de un refugiado, con un plan y una guía para hacerlo efectivo. Así tanto grupos de cinco o más personas cuanto organizaciones pueden implicarse en esta iniciativa como sponsor.

Este programa, que supera toda ridícula previsión realizada por los Estados Europeos, tiene, con todo, algunas matizaciones. Se trata de un programa cuyo objetivo principal, en este momento, es la población siria, y entre ésta la que forma parte de las preferencias establecidas por el gobierno canadiense. En ese sentido, en la primera fase del programa literalmente se afirma “con el fin de minimizar los riesgos de seguridad y para proporcionar a los refugiados vulnerables un nuevo lugar para vivir, Canadá pidió a ACNUR establecer una lista de prioridades de los refugiados vulnerables que representen un bajo riesgo para la seguridad, incluyendo a las mujeres en situación de riesgo y a familias completas. Esta forma de proceder es conforme a la que ha seguido Canadá en el reasentamiento de los refugiados”. En su política tradicionalmente colectivos como el LGBTI también han sido considerados como grupos vulnerables.

Junto a la postura oficial de apertura, un sentir social difícil de cuantificar aparece también en el ámbito canadiense: el miedo al otro. Así el alcalde de Québec verbalizaba el temor latente entre la población por la llegada de refugiados, ahondando en el sentir de un parte de la población que llegó a recoger firmas para detener el proceso. Una posición semejante, en cuanto a la ralentización o suspensión de la acogida fue mantenida por el alcalde de Toronto y el primer ministro de la Saskatchewan, Brad Wall. Canadá tampoco ha contado con el apoyo de Estados Unidos en la articulación de este plan. A las críticas de una parte de la ciudadanía se ha unido el desasosiego del país vecino. El presidente de la Comisión del Senado de Estados Unidos sobre la Seguridad Interior, Ron Johnson, puso de manifiesto la inquietud por la llegada de “un gran número de refugiados” amparados por el programa canadiense, apelado a una cuestión siempre presente como es la de la seguridad en la frontera.

wip-syrian-refugees-arrive-in-toronto-trudeau-selfie-dec-10-2015

Un segundo aspecto debe tomarse en consideración para entender que el acceso al estatuto de refugiado en Canadá no es lineal. Es decir, junto a quienes no forman parte de los grupos vulnerables de refugiados sirios hay otros solicitantes cuyas demandas se demoran y/o se conceden en menor medida. Se trata de una opción que tiene que ver con la necesidad imperante de organizar la llegada. Más allá del programa específico para los sirios, sigue existiendo el que podría denominarse régimen general de asilo (aunque éste por su propia naturaleza vinculada a la persecución no pueda ser calificado como tal) que es el que se aplica al resto de refugiados. El sistema canadiense de protección de asilo distingue entre los programas de reasentamiento de refugiados y personas que requieren protección humanitaria para aquellos que se encuentran en el extranjero, y el programa para las personas que presentan una demanda de asilo cuando ya se están en Canadá. Se mantiene la división tripartida entre los refugiados a cargo del gobierno, en el programa mixto y los que cuentan con el patrocinio del sector privado. Entre quienes se han sumado a las críticas al plan para la acogida de los refugiados sirios, también se ha puesto en evidencia el descenso de otros colectivos, como puede verse en la evolución desde 2005 atendiendo a los diferentes países de procedencia de los demandantes.

Canadá no es, con todo, un paraíso para los refugiados. Siguen pendientes cuestiones de gran calado, dentro del estrategia global articulada por ACNUR para el período 2014-2019, como el acabar o minimizar las detenciones de los solicitantes de asilo y refugiados. Sin embargo, no puede negarse que, aún con desavenencias internas y reservas externas, ha sabido priorizar lo que el derecho de asilo supone en cuanto protección internacional frente a la persecución y la ayuda de carácter humanitario. Canadá ha sido históricamente y es de los pocos Estados capaces de llevar a la práctica el lema que exhibe en la página oficial de su programa #WelcomeRefugees #Bienvenueauxréfugiés: “acoger a los refugiados en nuestros corazones y en nuestras comunidades”, continuando así una tradición de la que, sin duda, podrían aprender los líderes europeos.

welcome-to-canada

Fotos. 1, 2 y 4: De la página web del gobierno canadiense dedicada a los refugiados. 3. El Primer Ministro Justin Trudeau recibe el primer vuelo de refugiados sirios que llega a Canadá (Nathan Denette/Canadian Press).

El ‘avestruz compasivo’. Derechos, no limosnas

Javier de Lucas

Entre las muchas falacias que se van colando a propósito de esa gran mentira que llamamos “crisis de los refugiados”, no es la menor ni la menos peligrosa la que deriva todo esto hacia el ámbito de la “tragedia humanitaria” o “emergencia humanitaria”. Que asistimos casi impávidos a una tragedia, es indiscutible. Más de 4000 muertos lo atestiguan. Son centenares los testimonios gráficos, los vídeos, los reportajes que ponen ante nuestros ojos las miserables condiciones de supervivencia (que estremece llamar vida) y las penalidades a las que han de someterse quienes buscan refugio. Por si fuera poco lo que nos cuentan los periodistas, reporteros gráficos y voluntarios, basta acudir a YouTube o a las web de las ONGs que trabajan sobre el terreno para comprobarlo con nuestros propios ojos, como suele decirse.

¿Se trata de una “emergencia humanitaria”? En principio, no, pero al final, sí. Me explico. La salida de refugiados desde Siria era perfectamente previsible, nada de emergencia insólita, repentina, sorpresiva. Como la de quienes abandonan Afganistán. O los que huyen de Eritrea. O del territorio bajo el cruel dominio del DAESH. Lo ha sido más en el caso sirio, según avanzaba la guerra civil que destruye todo lo que se pone por delante.

ciego de los romances solana 1915-1920

Pero es que llevamos así cinco años. Ante nuestros ojos, ese desastre se ha convertido en una emergencia. No tenemos excusas: los europeos, y con ello quiero decir ante todo los gobernantes de los Estados de la UE que nos “representan”, debíamos y además podíamos haber organizado desde el principio, en coordinación con ACNUR, una asistencia ordenada, compartida y programada para hacer frente a la situación de desastre que se vive en la zona y para cumplir, en definitiva, con los deberes que habíamos contraído cuando ratificamos la Convención de 1951 y el Protocolo del 67. Y cuando los especificamos en normas europeas de asilo, como las Directivas 32 y 33 del año 2013, recientísimamente. Porque la primera parte de esa respuesta incluye necesariamente el cumplimiento de esos deberes jurídicos que derivan del Derecho internacional de refugiados. Una respuesta, sí, que ha de ser distribuida de modo solidario y equitativo.

En mayo de 2015 la Comisión Europea planteó (algo tarde, desde luego, pero más vale tarde…) la concreción del cumplimiento de esas obligaciones mediante la Nueva Agenda Europea de Inmigración y Asilo. Y nuestros gobernantes –por ejemplo, el tantas veces falaz sedicente democristiano (¿qué demonios entenderá por eso?) García Margallo, o la Sra Theresa May, que no sólo los del grupo de Visegrad– mostraron su estatura moral, jurídica y política: se negaron, pusieron toda suerte de obstáculos, regatearon y, entre todos, consiguieron que fracasara un programa mínimo y común de cumplimiento de obligaciones respecto al derecho de asilo que necesitan quienes, después de múltiples dificultades, llaman a nuestras puertas para plantear esa protección internacional a la que tienen derecho en su inmensa mayoría. Derecho a exigir su cumplimiento, digo.

guitarrista ciego_picasso - 1903

Pero no. Con muy honrosas excepciones (las de los propios ciudadanos, las de gobiernos autonómicos y municipales), nosotros, pobrecitos europeos, decimos estar desbordados, acoquinados, a punto de quedar exánimes ante ese desafío que llega en un momento tan dífícil (para ellos, para los refugiados sirios, por ejemplo, todos son tiempos difíciles). Y por eso recurrimos a lo que Catherine Withol der Wenden, una de las más agudas estudiosas del fenómeno migratorio y de asilo, denomina táctica del avestruz. Alejar el problema para que lo arreglen otros: esto es, darles dinero a los turcos para que se ocupen ellos. Y como enterramos la cabeza en nuestros acuciantes problemas, no tendremos delante a los demandantes de refugio, ya no existe el problema. Es verdad que, como buenos europeos, añadimos un matiz, presente en las pintorescas teorías del capitalismo compasivo, y reformulamos el modelo para crear lo que llamaré el avestruz compasivo. Sin exagerar, claro.

Esa es la parábola de un niño afgano, Osman, aquejado de parálisis cerebral y confinado con su familia en el campo de Idomeni. Como él, como su familia, ¿cuántos casos no habrán conseguido la atención de la opinión pública? Pero Osman, para su fortuna y nuestro descargo de conciencia, tuvo la lotería de que el avestruz se mostrara misericordioso, gracias a que se fijaron en él algunos de los ejemplares voluntarios de Bomberos en Acción, que consiguieron conmover a esa opinión pública que esporádicamente se permite la emoción de la piedad. Son unos más entre tantos ciudadanos europeos y de todo el mundo que, con su entrega, su coraje generoso, su solidaridad, tratan de paliar con su esperanza desesperada la crueldad de nuestro pragmatismo (spes contra spem, Romanos, 4.18) y así contrapesar nuestra miseria moral, jurídica y política, en los campos de Grecia o en el mar Egeo, o en el canal de Sicilia. La ONG Bomberos en Acción (con la ayuda de CEAR) hizo el milagro que nos permite sentirnos tan felices y satisfechos, con el Ministerio de Exteriores sacando pecho y apuntándose el extraordinario mérito de poner un avión a disposición de la familia. Y Osman y los suyos están en Valencia, en el hospital La Fe, un centro público excelente, apropiado, y en el CAR (Centro de Acogida de Refugiados) de Mislata. Respiramos aliviados. ¡Qué éxito! Pero es mentira. Se trata de una limosna por circunstancias excepcionalísimas. Una limosna con la que pagamos para obtener buena conciencia. Y en realidad, una limosna que desnuda nuestra resistencia al esfuerzo que exige reconocer los derechos. No. No tenemos derecho a comprar así la buena conciencia. Antes de la mal llamada caridad (no es caridad, es limosna, insisto), hay que cumplir con nuestras obligaciones. Ese acto de piedad no tapa, no puede ni debe servir de excusa para dejar de cumplir -¡ya!- la obligación que tenemos de reconocer el derecho de asilo a todos los Osman y a sus familias.

3. Brueguel el Viejo - parábola delos ciegos - 1568

Ilustraciones: 1. El ciego de los romances. Solana, 1915-1920. 2. Guitarrista ciego. Picasso. 1903. 3. Parábola de los ciegos. Brueghel el Viejo. 1568.

Caso Rita Maestre: ¿la fiscal también puede ofender?

Fernando Flores

Si a la fiscal Morando se le aplicase la Ley con el rigor subjetivo con que defiende la condena penal a la concejal Rita Maestre, podemos estar seguros de que en breve ella misma sería objeto de sanción por una “falta grave de desconsideración a los ciudadanos” (art.63.3 EOMF). La causa: el contenido del Escrito con el que impugna la apelación contra la sentencia que condenó a Maestre por los sucesos de la capilla de la complutense.

La fiscal es severa en su apreciación con lo que ocurrió aquel día. A su modo de ver, la protesta no puede de ninguna manera defenderse como pacífica, porque los manifestantes “irrumpieron” en el templo católico y “empujaron” al capellán que estaba en la puerta. Y hubo delito de profanación (art.524 CP) porque no hubo respeto, sino, a través de un acto de cierta entidad y magnitud, “ánimo de ofender, molestar y ridiculizar” a los católicos allí presentes, elemento subjetivo necesario para aplicar el tipo.

En su argumentación, discutible (véase el post de Ana Valero) pero bien razonada, la fiscal opta por una severidad que no se aplica a sí misma, lo que no parece lógico ni justo. Amparándose en una pretendida “literalidad” de lo que las manifestantes llevaban pintadas en sus cuerpos (“putas, libres, lesbianas, bolleras”), Morando afirma que “las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres o bolleras o lo que quieran ser”, descontextualizando irónicamente (¿o deberíamos pensar que con ánimo de ofender?) un mensaje que en la manifestación tiene un sentido muy diferente al que se refleja en el Escrito.

Más aún, la fiscal considera que es necesario incorporar al texto de su impugnación consideraciones subjetivas sobre el comportamiento de las manifestantes:

“Es un ejercicio lamentable que grupos universitarios pretendidamente liberales y progresistas quieran imponer sus ideas y sus pretensiones por la fuerza. Y es un ejercicio de cinismo pretender amparar esa conducta en el ejercicio de la libertad de expresión”.

Y sobre los argumentos del abogado:

“Resultan infantiles y lamentables las observaciones que realiza el recurrente al respecto de si no se actúa con contundencia ante delitos de odio. La fiscalía actúa siempre en defensa de la legalidad cuando le llega la ‘noticia críminis’ y es bochornoso que haya que recordárselo al recurrente”.

En mi opinión, tanto aquella mención (llamar a las manifestantes “señoritas” que alardean de ser putas) como este rapapolvo paternalista están fuera de lugar, pues no añaden nada a una posición –discutible pero absolutamente legítima– que podía argumentarse sin ellas. Son, claramente (si aceptamos el rigor que gusta a la fiscal), una desconsideración grave con las ciudadanas que se manifestaron, con la concejal Maestre y con el abogado.

No se trata de un tema menor. El Escrito de Morando también tiene “cierta entidad o magnitud” (elemento a tener en cuenta a la hora de valorar su contenido), pues el de Maestre es un caso público muy notorio. Por ello, y siguiendo el mismo argumento que la fiscal aplica a la concejal, no se puede decir que ella (la fiscal) no sepa cuál es la repercusión que dicho Escrito va a tener (como al parecer Maestre no podía desconocer las repercusiones de lo que hacía en la capilla). No en vano también Morando “es persona física, universitaria y por tanto con cultura suficiente” para entender lo que ha escrito, su intención y lo que el EOMF prevé cuando existe una falta de consideración con el ciudadano. Como es su caso.

En fin, como dice Jesús Maraña, nos ahorraríamos todas estas disquisiciones si dejase de prevalecer un concepto parcial de libertad de expresión que nos hace cada vez más pequeños como Estado Democrático de Derecho.

Gerrit Dou. Astronomer by Candlelight ca. 1665

Ilustración: Gerrit Dou. Astronomer by Candlelight, 1665.

Somos CocaColaenLucha: dignidad y derechos

Fernando Flores

Hace tres años las empresas embotelladoras de Coca-Cola en España se fusionaban en Coca-Cola Iberian Partners. Un año después, a principios de 2014, ésta procedía a la presentación de un ERE y al cierre de 4 plantas. Una de ellas –la de Fuenlabrada– había firmado la misma mañana su convenio colectivo. El ERE afectaba a 1250 trabajadores.

Tras más de dos años de lucha contra la empresa, cerca de 300 trabajadores y trabajadoras consiguen ganar y cerrar el conflicto jurídico a su favor, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. El ERE se declara nulo por vulneración del derecho fundamental a la huelga, por vulneración de la obligación de comunicación a la representación sindical, y por incumplimiento de las directivas europeas en materia de información a la representación legal de los trabajadores. A día de hoy, la empresa ha retrasado todo lo posible el cumplimiento de lo ordenado por los tribunales, y ha utilizado todo este tiempo para desmantelar la embotelladora de Fuenlabrada, impidiendo así que aquéllos puedan regresar a sus puestos de trabajo tal y como los ocupaban en el momento del cierre ilegal. Sigue leyendo

Expulsión y ciudadanía: inmigrantes 4 años fuera del sistema sanitario

María Dalli

Hoy se cumplen cuatro años desde que se aprobara la reforma de la normativa sanitaria que regula el derecho de acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Hace cuatro años, el 20 de abril de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 16/2012, que posteriormente fue complementado por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto. Se puede hablar hoy, también, de que han pasado cuatro años desde que se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Utilizo el término ‘expulsión’ para describir la voluntad directa de excluir a este grupo de la población. Es el término que utiliza precisamente la recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de València, Saskia Sassen, en su libro Expulsiones para referirse a las exclusiones que produce el actual orden económico y social de una forma que no es precisamente espontánea. Sigue leyendo

Laicidad y pactos políticos

José Manuel Rodríguez Uribes

La laicidad presenta dos proyecciones diferenciadas y, al tiempo, interconectadas, una objetiva y otra subjetiva. La primera afecta a la estructura normativa-institucional, al tipo de Estado, y la segunda a los representantes políticos y a los ciudadanos, a sus relaciones y al modelo más idóneo de convivencia y de participación pública, aunque ambas se necesitan en la práctica.

En relación con la primera, la laicidad como principio objetivo, se concreta en la separación nítida entre Iglesia(s) y EstadoAl Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios–, entre pecado y delito y entre Religión y Política, limitando el poder eclesiástico, exclusivamente, a su espacio propio, circunscribiéndolo al ámbito particular de la confesión religiosa y de sus fieles y reclamando, por consiguiente, la autonomía de la política democrática. Es el principio de neutralidad institucional. La Iglesia no tiene en este ámbito poder político alguno, en ningún caso formal y su participación en la conformación de la opinión pública y en la voluntad general es en pie de igualdad con el resto de organizaciones y el conjunto de los ciudadanos. Sigue leyendo

¿Empresas sin escrúpulos? Sobre la responsabilidad social corporativa

Ángeles Solanes

Cuando grandes tragedias como la reciente muerte de la líder indígena Berta Cáceres, en marzo de 2016, o el derrumbe de un edificio textil en Bangladesh en abril de 2013, ponen en evidencia las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas y las grandes corporaciones multinacionales, la necesidad de exigir a éstas responsabilidades ocupa la actualidad por unos días. Luego, ante la siguiente desgracia, las reivindicaciones de justicia parecen diluirse. En ese íter temporal, siguen firmándose pactos para obligar a la sociedad a continuar arrodillada ante los mercados. Así, por ejemplo, mientras múltiples acontecimientos copaban el prime time en España, el BOE publicaba el 15 de marzo de 2016, la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Gas Natural Almacenamientos Andalucía, SA, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública para la ejecución del proyecto «Marismas Occidental», asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Marismas». Es decir, la declaración de utilidad pública de la extracción de gas en el parque natural de Doñana, como el primero de los cuatro proyectos hábilmente fragmentados para no ser informados negativamente. Sigue leyendo